SICPA, multinacional especialista en seguridad y con una de sus bases más importantes en España, lucha contra los fraudes de combustible desde 2016 con una tecnología que monitoriza la distribución del fuel hasta la gasolinera, lo que permite identificar los bidones que se salen de las rutas legales y habituales de transporte.
La gran mayoría de los españoles se prepara para la operación retorno tras las vacaciones de verano con una buena noticia: llenar el depósito costará algo menos a los conductores. Sin embargo, a pesar de este descenso, la gasolina y el diésel continúan siendo más caros con respecto a hace un año (ha habido momentos de incrementos de casi un 50%). El precio medio del litro de gasolina se encuentra en 1,80 euros y el diésel se sitúa en 1,89 euros sin aplicar el descuento de 20 céntimos por litro que estableció el Gobierno el pasado mes de abril y que termina el próximo 31 de diciembre.
La subida de los precios del carburante ha provocado que los españoles, como es lógico, busquen un punto de venta donde el repostaje sea algo más barato, lo que ha hecho que las estaciones de servicio ‘low cost’ se vuelvan muy populares entre los ciudadanos.
La legitimidad de estos negocios, al igual que el de las gasolineras tradicionales, está amparada en la Ley de Hidrocarburos de 2013 que abrió el negocio de la comercialización de combustibles (entonces en manos de las petroleras y las grandes cadenas de distribución) al público en general. Pese a esa legitimidad son muchos ciudadanos los que se siguen preguntando sobre el origen de los hidrocarburos y la calidad de los mismos en uno y otro establecimiento.
Los consumidores, los estados y los propios distribuidores son cada vez más conscientes del problema que supone la venta de gasolina adulterada. Puede que estés poniendo gasolina en tu coche o moto, pero puede también que esté mezclada con alquitrán, agua, aceite u otros productos más sofisticados. O que sea gasolina obtenida del “pinchazo” de un oleoducto, traída en lanchas/camiones ilegales o que directamente no hayan pagado impuestos por su comercialización. “Hay que tener en cuenta que muchas veces este combustible no supervisado provoca una mayor contaminación y además daña el motor del vehículo”, declara Fabián Torres, Director de Desarrollo de Negocio de SICPA España.
SICPA, compañía experta en seguridad, cuenta con distintas soluciones químicas que permiten identificar si el carburante que se comercializa tiene una trazabilidad correcta.
En este sentido, SICPA ha fabricado un laboratorio portátil en el que se realiza el estudio de la muestra de gasóleo sobre el terreno. “Para evitar fraudes, contamos con unas moléculas que se denominan ‘marcadores’ que se colocan en proporciones de partes por millón en los oleoductos o en los camiones cisterna o en los jumbo-tanks para detectar el tipo de combustible que se transporta y la calidad de este”, declara Fabián Torres.
Los marcadores son invisibles, inoloros e imposibles de sustituir. Además, están adaptados a todos los tipos de hidrocarburos y no perjudican al motor ni al medio ambiente. SICPA analiza las muestras de combustible desde laboratorios portátiles que se transportan cómodamente en un vehículo y gracias a los cuales se pueden obtener los resultados en apenas dos minutos. Gracias a este proceso se puede detectar si el combustible que están vendiendo es gasóleo, alquitrán, otra sustancia más sofisticada o gasolina 100%.
En relación con el comercio de combustibles existen múltiples estafas y conductas fraudulentas y muchas de ellas se llevan a cabo en España. “En la zona de la costa es muy común encontrar este tipo de robos con el ‘bunkering’ (relleno ilegal de depósitos en alta mar con lanchas). Se pinchan oleoductos de transporte para hacerse con el combustible y luego el fuel sustraído deriva en contrabando de gasolina”, explica Fabián Torres.
Otro fraude extendido es el uso de combustibles que han pasado por todos los cauces legales, pero de los que se hace un uso indebido. El ejemplo más claro es la utilización del gasóleo agrícola (que es más barato porque está subvencionado por el Gobierno para abaratar los costes de producción de agricultores y ganaderos) por el gasóleo convencional. La molécula de trazabilidad de SICPA tiene un marcador diferenciado para ambos gasóleos y el paso de una muestra por el laboratorio portátil permite conocer en muy poco tiempo si ese diésel se está comercializando de una manera correcta.
La herramienta desarrollada por SICPA permite evitar este tipo de fraudes, entre los que también se encuentra el fraude fiscal a través de la venta de combustible modificado en gasolineras. Además, el aumento del precio de la gasolina es una oportunidad para los malos, pues “cuanto más caro es el producto, mayor es el lucro que obtienen, más en este tipo de productos que cuentan con altas tasas fiscales y eliminan el pago de ese impuesto en el proceso”, explica Fabián Torres. La solución que propone SICPA se ha desarrollado con el objetivo de poner punto final a este tipo de fraudes y frenar el comercio ilícito de la gasolina y derivados.
